El capital social de las universidades privadas de Uzbekistán debe ser de al menos 2 millones de dólares - Resolución del Consejo de Ministros
Uzbekistán ha introducido nuevos requisitos para la concesión de licencias a las instituciones privadas de enseñanza superior, según la Resolución nº 403 emitida por el Consejo de Ministros, titulada «Sobre medidas adicionales para mejorar la calidad de los servicios educativos no estatales en la República».
En virtud de la nueva resolución, los solicitantes que deseen establecer una institución privada de enseñanza superior deben presentar un concepto global de la universidad propuesta. Este documento debe incluir el nombre de la institución, su estatuto jurídico, estructura de administración, dotación de personal, principales áreas académicas y de investigación, parámetros de admisión, mecanismos de garantía de calidad, tasas de matrícula con justificaciones detalladas, un plan quinquenal de desarrollo estratégico y otra información pertinente.
Además, el solicitante deberá constituir un capital inicial no inferior al equivalente de 2 millones de dólares estadounidenses, que deberá cubrir la infraestructura física y los programas informáticos directamente relacionados con el proceso educativo de la institución de enseñanza superior propuesta. Este capital deberá incrementarse proporcionalmente a medida que aumente el número de estudiantes matriculados.
Los solicitantes también deben depositar 350.000 USD en una cuenta bancaria comercial como reserva financiera para garantizar la sostenibilidad financiera de la institución.
La superficie total de las instalaciones de la universidad ( instalaciones físicas) debe ser de al menos 5.000 metros cuadrados. Aunque la propiedad de los edificios no es obligatoria, las instituciones pueden funcionar con un contrato de arrendamiento o de uso gratuito válido durante un mínimo de cinco años.
Además, las instituciones de nueva creación deben reinvertir al menos el 80% de sus beneficios netos anuales en el desarrollo de actividades educativas básicas durante los cinco primeros años, y al menos el 50% en los años siguientes.
La resolución entrará en vigor tres meses después de su publicación oficial. Además, las instituciones privadas de enseñanza superior ya en funcionamiento deberán ajustar sus actividades a los nuevos requisitos de autorización antes del 1 de enero de 2026.
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